La
actualidad está llena de casos de corrupciones, presuntas y, también,
innegables, de todos los colores políticos, que infectan nuestro país de norte
a sur. Asistimos, cada vez con mayor indignación, aunque todavía, algunos, los
menos, con resignación y hasta cierta indiferencia, a los comportamientos
corruptos de responsables políticos, altos directivos y funcionarios que, desde
el interior de nuestras Administraciones Públicas, bien por iniciativa propia o
por incentivos externos, se dejan llevar por estímulos económicos o de
cualquier otro tipo, saltándose las reglas establecidas, sin decoro, ni
vergüenza.
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| http://sobrepolitica.com/corrupcion-administrativa-colombia/ |
Hoy, el descrédito de la política y de sus
instituciones está, más que nunca, encima de la mesa. El pueblo clama y
demanda, cada vez con más exigencia, un mayor y mejor comportamiento ético de
sus dirigentes y evalúa con estándares más exigentes que los aplicados en el
pasado (Vilas, 2000; CIS, 1992; CIS, 2000; CIS, 2009; Arenilla, 2011). La lucha
contra una democracia complaciente, insensible o
incapaz de atajar estas lacras de forma rápida y eficaz, abocada a que sus
espacios de poder sean ocupados por personas que valiéndose de los
procedimientos democráticos, la vacíen de contenido y de valores convirtiéndola
en una máscara que representa al poder pero, carente de legitimación ética y
democrática, sólo generadora de injusticias, parece ser la idea que,
mayoritariamente, ha surgido y se reafirma con fuerza en la sociedad española.
Y,
ante ello, no se trata sólo como algunos pretenden, de aplicar soluciones de
marketing político (Puig, 2000; Sancho, 1999) para recuperar el prestigio de “ciertos
responsables públicos”. Es mucho más lo que está sobre la mesa, es la necesidad
de que dirigentes políticos y, también, directivos y funcionarios, se
conviertan en referente y ejemplo de valores para la sociedad, logrando acompasar
nuevamente sus valores con los que exigen los ciudadanos para recobrar su
confianza y su adhesión a las
instituciones democráticas (Arenilla, 2011), … tales como más equidad,
ética, justicia, excelencia, integridad, representación, “expertise” o
habilidades demostradazas en la gestión encomendada, responsabilidad, transparencia,
imparcialidad, accountability o rendición de cuentas, honradez, diligencia,
profesionalidad, entre otros[1].
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| http://www.monografias.com/trabajos70/ |
No
obstante, se debe decir que, actualmente es tal la extensa panoplia de valores,
principios y comportamientos exigibles a los dirigentes y servidores públicos,
que de cumplirlos “a rajatabla”, haría de ellos una especie de héroes o ángeles
sublimes, o como decía Thomas Jefferson, reducirlos a propiedad pública
(“cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad
pública”), haciendo, en cierta forma, inviable esta estrategia “agregacionista”
de valores de referencia, que aunque necesarios, resultan del todo
insuficientes porque siempre la realidad superará el recetario de pretendidas
contramedidas éticas que se quieran proponer (Ausín, 2010)[2].
Y
es que, en los últimos años, ha proliferado abundante normativa sobre los parámetros
éticos en los que enmarcar la actuación de los servidores públicos, a distintos
niveles (central, autonómico, local), con leyes, códigos/manuales de buena
conducta, de conflictos de intereses, etc., en un intento de clarificar el
camino a seguir en el desempeño de las funciones públicas encomendadas. Sin
embargo, no parece que los resultados hayan sido los esperados.
Pero,
la ética pública no es algo novedoso que haya surgido “como moda” en las
últimas décadas. Históricamente, la ética pública ha sido un instrumento
poderoso que ha auxiliado a la política para alcanzar su objetivo de velar por
la pluralidad de intereses de los gobernados, moderando deseos de políticos y
funcionarios, enfocando su preocupación al bien general (Diego, 2001)[3].
Así, el tema de la ética ha estado presente en la historia del pensamiento
político con Diógenes, Sócrates, Platón, Aristóteles, Plutarco, Séneca, Cicerón,
Confucio, San Agustín, Santo Tomás, Kant, Spinoza, Gracián, Bertrand Russell,
Hegel, Hobbes, Rousseau, Weber, etc. Y, entre contemporáneos como John Rawls,
Alasdair Mac Intyre, Hans Kung, Meter Ulrico, Warren R. Coeland, J. Philipz
Wogaman, Karl Otto Apel, Jüergen Habermas, etc. También, entre autores
españoles encontramos pensadores como el destacado administrativista Posada
Herrera[4],
quien hace ya más de cien años hablaba de “ciertos principios inmutables e
independientes de la voluntad del legislador”, que “son de todos los tiempos y
de todas las leyes”. Pero, Posada Herrera fue mucho más allá, entroncando con
el pensamiento moderno, al decir que “todo lo que tienda a destruir el
principio de la conservación de la sociedad y a detener la marcha de su
progreso, será contrario a las reglas de buena administración”. Además, las
referencias de autores españoles a citar sobre este tema son numerosas,
destacando, entre otros muchos a Fernando Savater, Victoria Camps, Adela
Cortina, Javier Muguerza, José Luis Aranguren, Jesús González Pérez, Manuel
Villoria o Jaime Rodriguez de Arana, etc. En este sentido, recordando a Pi y
Margall, en sus cartas sobre la Moral, “el sentimiento de la propia dignidad y
el respeto de la ajena son, a no dudarlo, la “conditio sine qua non” de las
sociedades”[5].
Por
tanto, parece que no se trata de normar/reglar o legislar, sin más. Como dice
Cortina (1998), “la confianza entre las instituciones y las personas no se
logran multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las
convicciones. Esta tarea es la que compete a una ética de la Administración
Pública; la de generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las
metas que justifican su existencia”. En este mismo sentido, Victoria Camps
(1985) señala que, lo importante es “la voluntad de aceptarlos por parte de
quienes tienen que suscribirlos, así como la creencia de que no es inútil
tenerlos”.
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| http://mpyec.blogcindario.com/2009/06/00007-etica-publica-y-moral-privada.html |
Así
pues, el desafío planteado, es enorme. Encontrar, integrar y contar con
personas honestas, íntegras y rectas más allá de sus colores políticos, personas
responsables, garantes, cumplidoras, preparadas y formadas que actúen sin
olvidar el deber hacia la comunidad a la que representan y para la que
trabajan, supone un esfuerzo que para muchos partidos políticos y administraciones
se plantea extremadamente difícil, aunque, desde la positividad de quien
escribe estas líneas, no inalcanzable por el bien de tod@s.
La
sociedad española exige con una voz cada vez más enérgica ante la dura crisis
que sufrimos, un nuevo estilo de gobernar de altos responsables de la gestión
pública, políticos y funcionarios, en el que realmente los valores de estos
políticos y de la Administración se aproximen o se identifiquen con los valores
reales de la sociedad española, que en definitiva son los valores que
inspiraron y guiaron los Pactos de la Moncloa en 1977 y que permitieron la
aprobación de nuestra Carta Magna, piedra angular del ordenamiento jurídico a
la que están sujetos todos los poderes públicos y, también, los ciudadanos. Y debe
ser desde esta potente brújula, desde donde se determine el marco en el que
levantarnos y desarrollarnos de nuevo, pero con más transparencia, equidad,
justicia, pero también, más información, presupuestos accesibles, inversiones productivas y
eficientes socialmente, con reducción del gasto corriente en su acepción de
improductivo y, sobre todo, con el ejercicio de un poder público que se haga de
verdad en nombre de los ciudadanos (Arenilla, 2003 y 2011) y por los
ciudadanos.
Aunque,
como señaló Platón, ... “en esta guerra, el vencerse a sí mismo es la primera y
mejor de todas las victorias” (Diego, 2010).
[1] Del
artículo del profesor Canales, titulado “Algunas reflexiones sobre la ética
pública”, presentado en el VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma
del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, octubre, 2002. Se
incluye en el libro “Lecciones de Administración y de Gestión Pública”.
[2] Ver artículo de Txetxu
Ausín, “Ni ángeles, ni demonios: ética aplicada al servicio público”, incluido
en el libro “Ética y servicio público”, colección Dilemata, 2010.
[3] Diego Bautista, O. (2001),
“La ética en los servidores públicos”, UPN, México, 2001.
[4] Ver “Lecciones de
Administración”, de Posada Herrera, 1843.
[5] Ver la Colección de
Informes y Documentos del Ministerio de Administraciones Públicas, “Jornadas
sobre Ética Pública”, 1997.
