Más ética, más valores ...

La actualidad está llena de casos de corrupciones, presuntas y, también, innegables, de todos los colores políticos, que infectan nuestro país de norte a sur. Asistimos, cada vez con mayor indignación, aunque todavía, algunos, los menos, con resignación y hasta cierta indiferencia, a los comportamientos corruptos de responsables políticos, altos directivos y funcionarios que, desde el interior de nuestras Administraciones Públicas, bien por iniciativa propia o por incentivos externos, se dejan llevar por estímulos económicos o de cualquier otro tipo, saltándose las reglas establecidas, sin decoro, ni vergüenza.

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Hoy, el descrédito de la política y de sus instituciones está, más que nunca, encima de la mesa. El pueblo clama y demanda, cada vez con más exigencia, un mayor y mejor comportamiento ético de sus dirigentes y evalúa con estándares más exigentes que los aplicados en el pasado (Vilas, 2000; CIS, 1992; CIS, 2000; CIS, 2009; Arenilla, 2011). La lucha contra una democracia complaciente, insensible o incapaz de atajar estas lacras de forma rápida y eficaz, abocada a que sus espacios de poder sean ocupados por personas que valiéndose de los procedimientos democráticos, la vacíen de contenido y de valores convirtiéndola en una máscara que representa al poder pero, carente de legitimación ética y democrática, sólo generadora de injusticias, parece ser la idea que, mayoritariamente, ha surgido y se reafirma con fuerza en la sociedad española.

Y, ante ello, no se trata sólo como algunos pretenden, de aplicar soluciones de marketing político (Puig, 2000; Sancho, 1999) para recuperar el prestigio de “ciertos responsables públicos”. Es mucho más lo que está sobre la mesa, es la necesidad de que dirigentes políticos y, también, directivos y funcionarios, se conviertan en referente y ejemplo de valores para la sociedad, logrando acompasar nuevamente sus valores con los que exigen los ciudadanos para recobrar su confianza y su adhesión a las instituciones democráticas (Arenilla, 2011), … tales como más equidad, ética, justicia, excelencia, integridad, representación, “expertise” o habilidades demostradazas en la gestión encomendada, responsabilidad, transparencia, imparcialidad, accountability o rendición de cuentas, honradez, diligencia, profesionalidad, entre otros[1].

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No obstante, se debe decir que, actualmente es tal la extensa panoplia de valores, principios y comportamientos exigibles a los dirigentes y servidores públicos, que de cumplirlos “a rajatabla”, haría de ellos una especie de héroes o ángeles sublimes, o como decía Thomas Jefferson, reducirlos a propiedad pública (“cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”), haciendo, en cierta forma, inviable esta estrategia “agregacionista” de valores de referencia, que aunque necesarios, resultan del todo insuficientes porque siempre la realidad superará el recetario de pretendidas contramedidas éticas que se quieran proponer (Ausín, 2010)[2].

Y es que, en los últimos años, ha proliferado abundante normativa sobre los parámetros éticos en los que enmarcar la actuación de los servidores públicos, a distintos niveles (central, autonómico, local), con leyes, códigos/manuales de buena conducta, de conflictos de intereses, etc., en un intento de clarificar el camino a seguir en el desempeño de las funciones públicas encomendadas. Sin embargo, no parece que los resultados hayan sido los esperados.

Pero, la ética pública no es algo novedoso que haya surgido “como moda” en las últimas décadas. Históricamente, la ética pública ha sido un instrumento poderoso que ha auxiliado a la política para alcanzar su objetivo de velar por la pluralidad de intereses de los gobernados, moderando deseos de políticos y funcionarios, enfocando su preocupación al bien general (Diego, 2001)[3]. Así, el tema de la ética ha estado presente en la historia del pensamiento político con Diógenes, Sócrates, Platón, Aristóteles, Plutarco, Séneca, Cicerón, Confucio, San Agustín, Santo Tomás, Kant, Spinoza, Gracián, Bertrand Russell, Hegel, Hobbes, Rousseau, Weber, etc. Y, entre contemporáneos como John Rawls, Alasdair Mac Intyre, Hans Kung, Meter Ulrico, Warren R. Coeland, J. Philipz Wogaman, Karl Otto Apel, Jüergen Habermas, etc. También, entre autores españoles encontramos pensadores como el destacado administrativista Posada Herrera[4], quien hace ya más de cien años hablaba de “ciertos principios inmutables e independientes de la voluntad del legislador”, que “son de todos los tiempos y de todas las leyes”. Pero, Posada Herrera fue mucho más allá, entroncando con el pensamiento moderno, al decir que “todo lo que tienda a destruir el principio de la conservación de la sociedad y a detener la marcha de su progreso, será contrario a las reglas de buena administración”. Además, las referencias de autores españoles a citar sobre este tema son numerosas, destacando, entre otros muchos a Fernando Savater, Victoria Camps, Adela Cortina, Javier Muguerza, José Luis Aranguren, Jesús González Pérez, Manuel Villoria o Jaime Rodriguez de Arana, etc. En este sentido, recordando a Pi y Margall, en sus cartas sobre la Moral, “el sentimiento de la propia dignidad y el respeto de la ajena son, a no dudarlo, la “conditio sine qua non” de las sociedades”[5].

Por tanto, parece que no se trata de normar/reglar o legislar, sin más. Como dice Cortina (1998), “la confianza entre las instituciones y las personas no se logran multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones. Esta tarea es la que compete a una ética de la Administración Pública; la de generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las metas que justifican su existencia”. En este mismo sentido, Victoria Camps (1985) señala que, lo importante es “la voluntad de aceptarlos por parte de quienes tienen que suscribirlos, así como la creencia de que no es inútil tenerlos”.

http://mpyec.blogcindario.com/2009/06/00007-etica-publica-y-moral-privada.html

Así pues, el desafío planteado, es enorme. Encontrar, integrar y contar con personas honestas, íntegras y rectas más allá de sus colores políticos, personas responsables, garantes, cumplidoras, preparadas y formadas que actúen sin olvidar el deber hacia la comunidad a la que representan y para la que trabajan, supone un esfuerzo que para muchos partidos políticos y administraciones se plantea extremadamente difícil, aunque, desde la positividad de quien escribe estas líneas, no inalcanzable por el bien de tod@s.

La sociedad española exige con una voz cada vez más enérgica ante la dura crisis que sufrimos, un nuevo estilo de gobernar de altos responsables de la gestión pública, políticos y funcionarios, en el que realmente los valores de estos políticos y de la Administración se aproximen o se identifiquen con los valores reales de la sociedad española, que en definitiva son los valores que inspiraron y guiaron los Pactos de la Moncloa en 1977 y que permitieron la aprobación de nuestra Carta Magna, piedra angular del ordenamiento jurídico a la que están sujetos todos los poderes públicos y, también, los ciudadanos. Y debe ser desde esta potente brújula, desde donde se determine el marco en el que levantarnos y desarrollarnos de nuevo, pero con más transparencia, equidad, justicia, pero también, más información, presupuestos accesibles, inversiones productivas y eficientes socialmente, con reducción del gasto corriente en su acepción de improductivo y, sobre todo, con el ejercicio de un poder público que se haga de verdad en nombre de los ciudadanos (Arenilla, 2003 y 2011) y por los ciudadanos.

Aunque, como señaló Platón, ...  “en esta guerra, el vencerse a sí mismo es la primera y mejor de todas las victorias” (Diego, 2010).

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[1] Del artículo del profesor Canales, titulado “Algunas reflexiones sobre la ética pública”, presentado en el VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, octubre, 2002. Se incluye en el libro “Lecciones de Administración y de Gestión Pública”.

[2] Ver artículo de Txetxu Ausín, “Ni ángeles, ni demonios: ética aplicada al servicio público”, incluido en el libro “Ética y servicio público”, colección Dilemata, 2010.

[3] Diego Bautista, O. (2001), “La ética en los servidores públicos”, UPN, México, 2001.

[4] Ver “Lecciones de Administración”, de Posada Herrera, 1843.

[5] Ver la Colección de Informes y Documentos del Ministerio de Administraciones Públicas, “Jornadas sobre Ética Pública”, 1997.