Hacia un Estado Relacional ...

Fuente: http://neuroartes.org/

En una España con más de seis millones de personas desempleadas, inmersa en una tremenda crisis económica-financiera que descansa en una fuerte crisis institucional política y pública, con efectos devastadores/perversos, reflexionar sobre si las funciones de servicio público que desempeñan en la actualidad las distintas Administraciones (centrales, autonómicas o locales) podrían llevarse a cabo con mejores resultados por agentes privados, en estos tiempos, encierra el eterno y polémico dilema, “público-privado”, o mejor dicho, privatizaciones[1];[2] (incluyendo en este concepto, privatizaciones totales, con traspaso de titularidad de manera íntegra a capital privado o parciales, cuando se transfiere una cantidad preestablecida de participaciones; también, privatizaciones de la gestión o de servicios, en la que se transfiere únicamente el ejercicio de una competencia exclusiva, no la titularidad que sigue siendo pública) y/o reforma del sector público en una economía. Lo que no resulta nada nuevo. Desde la década de los ochenta hasta nuestros días, las privatizaciones se han ido generalizando a nivel mundial superando, en la mayoría de los casos, barreras ideológicas[3].

Pero, resulta innegable que la coyuntura del momento urge/precisa/obliga a buscar soluciones urgentes para afrontar estos tremedos desafíos/retos a los que se ven abocadas las Administraciones Públicas españolas, debiendo desarrollar con estrategias/acciones, efectivas y positivas, el fin encomendado, “el servicio a los intereses generales con la mayor objetividad posible” (según art. 103.1 CE),  en aras a dar respuestas eficaces y reales a la sociedad. Pudiendo destacar, entre otros, los siguientes retos/problemas[4]:

•  la orientación hacia una mayor receptividad frente a los ciudadanos y a sus necesidades particulares, mejorando la atención que se les ofrece, revalorizando la participación de éstos en la conducción de la res pública, estableciendo sistemas integrales de comunicación, promoviendo la ética y la responsabilidad[5], así como la gestión de la calidad en todo el sector público;

•  las exigencias de adaptabilidad a un entorno dinámico y complejo, configurando organizaciones flexibles, 

• eficaces y eficientes, que logren impulsar/ retomar, nuevamente, un progreso sostenible;

• el impacto de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones, a través de una adecuada integración de las Administraciones en la sociedad de la información y del conocimiento[6];

•  la implicación de los empleados públicos, o mejor servidores públicos, como requisito imprescindible para hacer posible ese avance; definiendo nuevas políticas de dirección y desarrollo de personas;

• la necesidad de una acomodación adecuada del vigente marco de distribución territorial de competencias, para corregir disfunciones surgidas tanto en el funcionamiento del sistema administrativo por la falta de suficientes instrumentos de colaboración/cooperación/coordinación en aspectos territoriales y/o funcionales, además de los problemas de financiación en el reparto del gasto público entre los diferentes niveles de administración[7];

• el impulso hacia un Estado Relacional[8];[9], replanteando las relaciones entre los ámbitos público-privado y entre Estado-sociedad para mantener la SOCIEDAD DEL BIENESTAR de que se disfruta, sin retroceder ni un solo paso, a un Estado meramente Asistencial o Benefactor, salvaguardando/preservando la prestación de bienes/servicios que sólo deben partir de la iniciativa pública e incorporando, al mismo tiempo, los cambios sociales, económicos y políticos más significativos que se están produciendo en una sociedad como la española, desarrollada, compleja e interdependiente.

Así pues, las Administraciones Públicas como parte integrante del Estado y del sistema político, no pueden, ni deben permanecer inmutables y ajenas a la situación que vive el país, todo lo contrario, deben transformarse/adaptarse, reorientarse/evolucionar, flexibilizarse y actuar conforme a los fines establecidos, para dar respuestas adecuadas a los desafíos/problemas planteados. Necesitan ser aceptadas por la ciudadanía y por la sociedad civil en la que actúan y a la que sirven, es decir, necesitan tener legitimidad para impulsar/lograr el progreso/desarrollo y la estabilidad social pretendida, garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurar el cumplimiento de obligaciones cívicas y facilitar la prestación de servicios básicos de una SOCIEDAD DEL BIENESTAR como la española. Y ello, a través de una mayor interrelación/interconexión pública-privada, entre Estado-sociedad civil-mercado, con una gestión multinivel que permita un funcionamiento más ágil, eficaz y eficiente, transformando su gestión y, además, su cultura[10], desarrollando capacidades estratégicas, de innovación, de comunicación interna, de aprendizaje y de previsión[11], en beneficio de tod@s. 

Fuente: http://www.fsc.ccoo.es/webfsccantabria/menu.do?Sectores:Administracion_General_del_Estado:Actualidad:367463

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[1] Participan, en mayor o menor medida, de esta concepción de privatización, Martín Mateo quien considera a la privatización como una técnica de desintervención consistente en “la asunción por los particulares de bienes o actividades económicas anteriormente de titularidad o gestión pública”. Véase R. Martín Mateo (1988), “La liberalización de la economía. Más Estado, menos Administración”. Madrid, Trivium.

También, Ariño Ortiz para quien la privatización significa “la retirada del Estado de las actividades económicas de producción de bienes y servicios”, G. Ariño Ortiz (1989), “Teoría y Práctica de las reprivatizaciones”. Primer Seminario Internacional sobre los aspectos legales de la desregulación y la privatización. Buenos Aires.

[2] Sin embargo, se considera auténtica privatización cuando se traspasa la titularidad íntegramente a capital privado, ya que la llamada privatización de la gestión no supone transferencia de la titularidad, sino sólo del ejercicio de una competencia exclusiva que sigue siendo pública.

[3] La explosión de las desinversiones públicas se ha globalizado hasta el punto de que en una encuesta que realizó INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores), ochenta y un países de los ciento veinticinco consultados, pertenecientes a América Latina, Asia, África, Europa Oriental y la Unión Europea, respondieron que habían llevado a cabo privatizaciones de empresas públicas. Aún más, esa encuesta tuvo lugar en 1994 y desde entonces la política de privatizaciones ha tenido un amplio desarrollo. 
Para los interesados, ver el capítulo III del libro de Olías de Lima B., Canales J.M., Conde C., Crespo J., García M.J., Gómez J.V., Mondragón J., Parrado S., Pastor G., Román L., Ruano J.M., Sanz A. y Valdivieso R. (2001). La nueva Gestión Pública. Pearson Education. Madrid.

[4] Ver “Libro Blanco para la mejora de los servicios públicos”, 2000, en el que se recoge una visión acertada del sector público, concreta y práctica para alcanzar una nueva administración al servicio de los ciudadanos.

[5] Ver artículo “Ética y Responsabilidad en la Administración Pública”, de Fernando Irurzun Montoro. DA. Revista Documentación Administrativa nº 286-287, enero-agosto 2010, pp. 79-111.

[6] Ver artículo “La Administración Electrónica al Servicio de las Políticas Públicas”, de José Aurelio García Martín, Inspector de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda.

[7] Ver artículo “De una Administración prestacional a una relacional en el estado de las autonomías. Luces y sombras de una experiencia inédita”, de José Francisco Peña Díez.

[8] Según Xavier Mendoza Mayordomo, en su artículo “Las transformaciones del sector público en las sociedades avanzadas: del Estado de Bienestar al Estado Relacional”. Papers de Formació, núm. 23. Diputació de Barcelona.

[9] La primera vez que Xavier Mendoza Mayordormo, formula el modelo del Estado Relacional lo hizo en el artículo “Técnicas Gerenciales y modernización de la Administración Pública en España”. Documentación Administrativa, nº 223, julio-septiembre, 1990, pág. 261-290.

[10] Según Les Metcalfe y Sue Richards, en su libro “La modernización de la Gestión Pública”, en la que trata sobre la transformación de la cultura clásica y tradicional administrativa a una moderna de Gestión Pública, 1989

[11] CANALES, J.M. (2002). Lecciones de Administración y Gestión Pública. Universidad de Alicante.